Gutiérrez fue reelegido ayer para seguir ejerciendo de mediador entre los malagueños y las administraciones
Hace cuatro años cambió la lucha por los derechos de los trabajadores por la defensa de los ciudadanos ante las administraciones. Francisco Gutiérrez (Málaga, 1954) concluye sus primeros cuatro años al frente de la Oficina del Defensor del Ciudadano con la satisfacción de sentir que los malagueños reconocen su trabajo y el de su equipo y con el orgullo de haber sido reelegido ayer por unanimidad en el pleno de la Diputación por PP, PSOE e IU para seguir otro cuatrienio velando por el entendimiento entre las instituciones públicas y el ciudadano de a pie. «Ahora trabajo más que cuando era secretario provincial de Comisiones Obreras, pero he ganado con el cambio», afirma.
¿Qué balance hace de estos cuatro años?
Positivo, sin duda. A nivel cuantitativo, el primer año realizamos 1.528 actuaciones, y en 2008 hemos intervenido en 4.569 casos. Es síntoma de que la Oficina del Defensor del Ciudadano se va conociendo más y aumenta la confianza en nosotros. Los malagueños valoran la atención personalizada.
¿Y cuáles son sus retos?
Seguir respondiendo a la confianza que han depositado en mí. Estoy enormemente agradecido porque se valore nuestro trabajo y por que a nivel político PSOE, PP e IU hayan votado a favor de mi renovación. Que los tres partidos estén de acuerdo en el tema de una figura tan compleja como ésta, que muchas veces tiene que enfrentarse con los propios responsables políticos, es un motivo de satisfacción. Pretendemos seguir trabajando para que los ciudadanos sean conscientes de que la administración está a su servicio y no al contrario.
¿Se echa en falta el diálogo en la administración?
Por supuesto. Las leyes son muy generales pero hay que aplicarlas a casos concretos. A mí me gusta decir que la administración tiene que ser eficaz y eficiente, pero en los tiempos que corren, además, debe ser inteligente, es decir, tiene que saber amoldarse a las circunstancias y a las necesidades de las personas.
¿Cuál es el caso más difícil al que se ha enfrentado?
Los casos más difíciles, al menos a nivel personal, son los relacionados con el acoso inmobiliario porque afectan a personas mayores, sin recursos económicos, que viven en casas muy antiguas, muchas veces sin condiciones de habitabilidad, y se quiere abusar de ellos. Es el tema que más ha marcado estos cuatro años.
¿A quién daría un aprobado?
A todos los responsables políticos, por su colaboración.
¿Y un suspenso?
A algunos funcionarios públicos. Muchas veces los problemas con la administración surgen por la desidia de algunos empleados públicos, y hay que acabar con ella. Hay que desterrar la frase «Esto no es aquí».
Fuente: SUR.es
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